Resumen: La sentencia recuerda que en la fase declarativa del juicio de desahucio no existe la posibilidad de suspenderla por alegaciones de vulnerabilidad social del demandado. No es igual la situación de un deudor hipotecario, incluso la de un arrendatario que la de un ocupante ilegal de una vivienda. Aunque sí le sería aplicable al ocupante el derecho conferido de suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos del RDLey 20/2022, pero no en la fase declarativa. La propuesta de un alquiler social no tiene la consideración de requisito de procedibilidad. Sí pudiera dar lugar a una sanción administrativa. Y, en su caso, suspender el lanzamiento, pero no impedir que se dicte la sentencia de desahucio.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que estimó parcialmente el recurso interpuesto por unos padres por acuerdos de segregación escolar durante la pandemia exclusivamente en lo referente a la atención educativa del menor en aula separada. Obligación impuesta a las personas de seis años en adelante de uso de mascarillas, que no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. La medida de atención específica en aula o espacio diferenciado y separado de sus compañeros acordada no llegó a aplicarse pues, comunicada al centro, dejó el menor de ir al colegio el día siguiente por la decisión de sus padres ante la discrepancia con dicho acuerdo. Esta drástica medida no se encontraba amparada ni por el protocolo general vigente al comienzo del curso escolar y ni siquiera se contemplaba tras la adopción del protocolo específico.
Resumen: Mientras el actor se encontraba en su puesto de trabajo, saltó una cuneta para acceder a una torre, y sufrió un tirón. En ese momento llamó a su jefe y le extendió el parte de accidente laboral y, con una copia de éste, le remitió a la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con la que la empresa tenía concertada la cobertura de las contingencias profesionales. Al estar cerrada, y ante la situación recomendada de no acudir a las urgencias del servicio público de salud por el COVID-19, el actor se quedó en casa y acudió a la Mutua al día siguiente 2 de octubre de 2020 a primera hora de la mañana. En consecuencia, nos encontramos ante la presunción de un accidente de trabajo al haberse producido en tiempo y lugar de trabajo. La presunción del artículo 156.3 LGSS no se excluye por el mero hecho de que sufriera una patología de base en la zona lumbar. Lo que se valora es la acción del trabajo en el marco del art. 156.2.f) LGSS como factor desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida; y esta posible acción del trabajo se beneficia de la presunción legal del art. 156.3 LGSS y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la enfermedad se padecía ya antes; pues, aunque así fuera, es la realización del trabajo el que ha provocado el dolor en la zona lumbar y no la dolencia previa, que no ha justificado ningún proceso anterior de incapacidad temporal.
Resumen: Declaración de despido nulo por discapacidad, en la instancia, que la Sala revoca declarándole improcedente, razonando que no queda acreditada esa vulneración de los Derechos Fundamentales alegados, porque la enfermedad no es el motivo del despido, cuando la Empresa desconocía la concreta patología; y el cambio de puesto se realizó precisamente para ayudar al actor (el cual, además, tampoco fue impugnado de contrario, si no que estaba de acuerdo con el mismo). Por todo ello, aun admitiendo que el despido no pudiera ser declarado procedente, y se hubiera producido la inversión de la carga de la prueba al haberse aportado de contrario un indicio razonable de posible vulneración de DD.FF, lo cierto es que la Empresa acreditó en el acto de juicio que la medida adoptada era objetiva y razonable, lo que permite descartar la existencia de móvil discriminatorio, no existiendo ese móvil discriminatorio, no concurren los presupuestos necesarios para el abono de la indemnización por daños morales derivados de esa supuesta vulneración de derechos fundamentales.
